Mientras el Gobierno ha ofrecido la nacionalidad española a la activista saharaui y defensora de los derechos humanos Aminatou Haidar, miles de compatriotas suyos luchan por recuperar esa misma condición, con la que nacieron antes de la invasión marroquí y mauritana. En Córdoba, entre febrero y marzo de 2008, alrededor de 700 saharauis accedieron a la nacionalidad española a través del Registro Civil. Pero ahora viven bajo una espada de Damocles: la posibilidad de que sus documentos nacionales y sus derechos de ciudadanos les sean retirados. Y es que, a finales de mayo de ese año, la Fiscalía de Córdoba denunció que había detectado irregularidades en los expedientes remitidos para obtener el visto bueno por parte del ministerio público, a pesar de que ya habían empezado a ser evaluados favorablemente por la oficina del fiscal.
Según datos de los propios saharauis, confirmados por fuentes del Registro Civil cordobés, al menos 214 de estas personas -que nacieron cuando el Sáhara era una provincia más del Estado, que dejaron de ser españolas tras la invasión marroquí y mauritana de 1975 y recuperaron la nacionalidad en 2008- han retornado al limbo legal del que procedían, tras esta segunda retirada de la nacionalidad. La característica común de estos casos es que fueron expedientes resueltos por el Registro Civil y recurridos por la fiscalía ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Pero, además, hay otros dos grupos afectados que pueden perder la nacionalidad.
Por un lado, el de los saharauis cuyos expedientes fueron resueltos por el Registro Civil sin informe ni audiencia del ministerio fiscal y sin haber sido notificada la resolución final al mismo. Contra éstos, se han interpuesto demandas de juicio declarativo ordinario en las que se ejercita acción para la declaración de nulidad de la resolución acordada. Por este camino, algunas fuentes hablan de que se están anulando alrededor de 70 nacionalidades.
Finalmente, están los expedientes que fueron resueltos por el Registro Civil, con informe favorable del ministerio fiscal o sin informe del mismo, en los que fue notificada la resolución final del expediente en tiempo y forma al ministerio, sin que este hubiese recurrido. Contra ellos, se anunció en junio de 2009 que arrancarían nuevos expedientes ante el Registro Civil para declarar que no concurrían los requisitos para la obtención de la nacionalidad española. Se tratarían, aproximadamente, de 340 expedientes.
Sabia Bushab Bubaquer está viviendo en sus propias carnes este laberinto. Nació española en El Aaiún en 1960. Dispone de una copia de la partida de nacimiento, expedida por las autoridades españolas en 1970, y de un certificado de autenticidad de la Dirección General de Policía que avala el Documento Nacional de Identidad español que se le dio antes de la invasión. Sabia acudió en 2008 al Registro Civil de Córdoba para recuperar la nacionalidad española. Lo logró. Consiguió su nuevo DNI y su pasaporte.
Pero hace mes y medio supo que nada de eso valía. Un edicto colgado en tablón de anuncios del Registro Civil que la había declarado española, tumbaba esta resolución y lanzaba a Sabia Bushab a la tierra de nadie. “Ahora estoy atrapada en España. No puedo salir de aquí. No puedo viajar al Sáhara para ver a mis hijos. Y no sé cómo recuperar la nacionalidad española. Además, mis hijos que iban a tener la nacionalidad porque su madre era española, pierden también esa posibilidad”, explica. Hoy mismo piensa acudir al Registro Civil de Córdoba para informarse sobre qué hacer ahora.
Terribles paradojasLa abogada Matilde Mérida conoce de primera mano los sinsabores del proceso de nacionalización de los saharauis en Córdoba. Éste se inició en voz baja, pero terminó atrayendo a miles de saharauis ilusionados con tratar de conseguir sus documentos españoles.
Pero los sueños se tornaron en una experiencia amarga y frustrante. En cuanto la fiscalía supo que el Registro Civil estaba actuando, tomó cartas en el asunto y terminó frenando en seco la aceptación de nuevos casos. Y a pesar de que la fiscalía ya había dado luz verde a cientos de expedientes, por iniciativa del fiscal jefe se decidió revisar las circunstancias de su tramitación y, de paso, acabar con las aglomeraciones que se estaban viviendo en el registro, frenando la aceptación de más casos en el registro.
Mérida vive cada día con el resultado de aquel guirigay, pues representa a cinco saharauis que han perdido, o están a punto de perder, su condición de españoles. Estos casos guardan terribles paradojas, como la de uno de sus clientes, que ha dejado de ser español, pero no puede solicitar la residencia permanente legal como inmigrante (que ya tenía antes de acceder a la nacionalidad) porque sigue teniendo el DNI español. “Con esta situación creemos que se están violando los derechos fundamentales de las personas. Lo llevamos viviendo décadas. El cansancio de mis compatriotas es evidente. No entienden por qué se les ha retirado la nacionalidad y ya no saben qué hacer”, explica Lebeid Uld, portavoz de los saharauis residentes en Córdoba.
Fuente original: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/200/saharauis/pierden/nacionalidad/espanola/Cordoba/elpepiespand/20091130elpand_1/Tes
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